La protesta formaba parte de Los gatos tienen ley, una convocatoria impulsada por personas que gestionan colonias felinas y respaldada por entidades de protección animal. Hubo 38 movilizaciones en España y el objetivo común fue exigir que las obligaciones introducidas por la Ley 7/2023 no dependan principalmente del trabajo y el dinero de voluntarios.
La norma atribuye a los ayuntamientos responsabilidades concretas. Los municipios deben desarrollar programas de gestión de colonias, censar y mapear los gatos comunitarios, garantizar su esterilización, disponer de atención veterinaria, establecer protocolos sanitarios y de conflictos vecinales e identificar a los animales mediante microchip bajo responsabilidad municipal.
Uno de los principales reproches de los participantes es económico. Las personas que cuidan estas colonias denuncian que continúan pagando de su bolsillo parte de la alimentación, tratamientos veterinarios, esterilizaciones y otras necesidades mientras dedican además horas de trabajo voluntario. La reclamación no consiste únicamente en reconocer su labor, sino en dotar de financiación suficiente un servicio cuya gestión corresponde legalmente a las administraciones locales.
En Barcelona, sin embargo, la situación requiere un matiz. La ciudad no parte de cero ni carece de un programa municipal. El Ayuntamiento trabaja desde hace años con entidades protectoras mediante el modelo de colonias controladas y en 2026 ha destinado 160.000 euros a una convocatoria específica para su control y cuidado. La resolución distribuye las ayudas entre 11 proyectos gestionados por entidades en distintas zonas de la ciudad.
Precisamente ahí está el conflicto que salió este domingo a la calle: las asociaciones y cuidadoras consideran insuficiente ese apoyo frente al volumen de trabajo real. El último recuento municipal publicado estimaba unos 6.700 gatos distribuidos en más de 600 colonias, gestionadas con una participación que el propio Ayuntamiento define como imprescindible por parte del voluntariado.
El debate va además más allá de alimentar animales. El modelo CER —captura, esterilización y retorno— busca estabilizar progresivamente las poblaciones, controlar su estado sanitario y evitar nuevas camadas. La legislación estatal refuerza ese sistema y establece que la atención sanitaria necesaria y los programas de esterilización forman parte de las funciones municipales.
La concentración de Barcelona terminó así poniendo cifras y caras a una actividad poco visible en la vida cotidiana de los barrios. Los participantes no reclamaron una nueva ley: pidieron que la que está vigente desde 2023 se traduzca en más recursos, protocolos y responsabilidad pública para quienes cada semana mantienen las colonias de la ciudad.
