La finca, situada en la calle Sant Agustí, fue adquirida por el fondo New Amsterdam Developers, que ha ido transformando los pisos en colivings con habitaciones que alcanzan los 950 euros mensuales. Actualmente, solo cinco de las once viviendas mantienen inquilinos de larga duración.
La respuesta institucional ha sido inmediata. El Ajuntament ha exigido detener el proceso judicial y destinar los pisos a uso residencial, mientras la Generalitat ha activado mecanismos legales para proteger a los afectados. El caso recuerda a movilizaciones recientes en la ciudad, donde la presión vecinal logró frenar desalojos.
Colectivos como el Sindicato de Inquilinas han impulsado la convocatoria, defendiendo el derecho a la vivienda frente a la especulación. En la calle, la protesta se vive como algo más que un caso individual: un símbolo del cambio que atraviesan los barrios céntricos.
El conflicto reabre el debate sobre el auge de los colivings en Barcelona, un modelo que multiplica la rentabilidad de los inmuebles pero que también acelera la expulsión de vecinos y transforma el tejido social de la ciudad.
El presidente de Cataluña respalda a vecinos de Gràcia ante amenaza de desalojo.
