El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès cambia las reglas del padrón. Ahora exige que propietarios y arrendatarios mayores de 16 años acudan en persona. La medida busca frenar fraudes tras anular 4.000 inscripciones irregulares. ¿Cómo afecta a quienes viven o planean mudarse?
El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha dado un giro inesperado en la gestión del padrón municipal, una decisión que impacta directamente a quienes residen o buscan instalarse en la ciudad. Desde hoy, tanto propietarios como inquilinos mayores de 16 años deberán acudir personalmente a las oficinas municipales para formalizar su empadronamiento. La medida, que entra en vigor de inmediato, pretende poner freno a los intentos de fraude y garantizar que solo quienes realmente viven en el municipio figuren en el registro oficial.
La decisión llega tras detectar un elevado número de inscripciones ficticias: en los últimos meses, el consistorio anuló cerca de 4.000 registros de personas que no residían en las viviendas declaradas. Este endurecimiento de los requisitos busca evitar que se utilice el padrón para acceder a servicios públicos o beneficios sociales de manera irregular, una práctica que había generado preocupación entre los responsables municipales.
Para los vecinos, el cambio supone un trámite más exigente y menos flexible, especialmente para quienes gestionaban el empadronamiento a distancia o a través de representantes. Ahora, la presencia física se convierte en requisito indispensable, lo que podría ralentizar algunos procesos y obligar a reorganizar agendas. El Ayuntamiento insiste en que la medida es necesaria para proteger la integridad del padrón y asegurar que los recursos municipales lleguen a quienes realmente viven en Sant Cugat.
El padrón municipal es mucho más que un simple registro administrativo: determina el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación o la ayuda social. En ciudades del área metropolitana de Barcelona, como Sant Cugat del Vallès, el control sobre el padrón se ha vuelto especialmente relevante en los últimos años, ante el aumento de la movilidad y la presión sobre los recursos públicos. Mantener la fiabilidad de este registro es clave para una gestión municipal eficiente y para garantizar la equidad en el reparto de servicios y prestaciones.
