La escuela pública La Mirada de Sant Cugat del Vallès, tras casi una década en módulos provisionales, contará por fin con una cocina propia, aunque de forma temporal. El Ayuntamiento ha aprobado el alquiler de un local municipal para instalar el servicio de cocina y comedor, una demanda histórica de las familias y docentes del centro.
El Consell Rector del Organisme Autònom Municipal d’Educació (OAME) ha dado el visto bueno al arrendamiento de un espacio en la calle Benet Cortada, en el barrio de Volpelleres. El contrato, que comenzará el 1 de enero de 2026 y tendrá una duración de cuatro años, supondrá un coste anual de 18.528 euros. Las obras de adecuación, con un presupuesto de 37.000 euros, arrancarán el 8 de enero y permitirán adaptar los 121 metros cuadrados del local.
El objetivo del consistorio es dotar a La Mirada de una infraestructura de cocina mientras se mantiene la provisionalidad y avanza el proyecto del edificio definitivo. La regidora de Educación, Carme Ardid, destaca que la medida busca igualar las condiciones del comedor respecto al resto de escuelas públicas de Sant Cugat.
El alcalde, Josep Maria Vallès, explica que desde el inicio de su mandato se priorizó encontrar una solución viable, tras años de retrasos y judicialización del nuevo edificio. Vallès señala que se estudiaron varias alternativas hasta dar con una opción adecuada, pese a las dificultades urbanísticas y de proximidad con otros centros.
La decisión llega tras semanas de presión por parte de la comunidad educativa. El pasado jueves, alumnos, familias y docentes organizaron una protesta frente al Ayuntamiento, reclamando la construcción de una cocina escolar y recordando que La Mirada es el único centro público de la ciudad sin este servicio propio.
El local alquilado se destinará exclusivamente a la preparación de comidas, permitiendo que los menús se elaboren in situ, como en el resto de escuelas públicas. Además, el contrato prevé la cesión del espacio a la AFA, reforzando su papel en la gestión del comedor.
El Ayuntamiento defiende que, aunque la competencia de dotar cocinas escolares no es municipal, la medida responde a un criterio de equidad y apoyo a la comunidad educativa mientras no se construye el edificio definitivo. Paralelamente, el consistorio sigue negociando con el Departament d’Educació de la Generalitat para cerrar el convenio que permita levantar la nueva escuela.
