Pocas semanas después de la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales, el Ayuntamiento rectificó uno de los puntos más sensibles del paquete: la tasa de residuos finalmente no subiría en 2026 y quedaría congelada tras un recálculo de costes anunciado en enero. De este modo, la previsión de un aumento del 26% que se había validado en diciembre quedó sin efecto, en un giro que el consistorio vinculó a una revisión técnica del servicio.
Esta corrección no cambia el fondo del debate abierto en Sant Cugat sobre cómo financiar los servicios municipales y adaptar la fiscalidad local a nuevas exigencias normativas, pero sí rebaja el impacto inmediato previsto para los vecinos en el recibo de residuos. El episodio también evidenció la presión política y social que generó la medida desde su aprobación inicial, en un contexto de fuerte atención ciudadana sobre impuestos, limpieza urbana y coste de vida.
El Ayuntamiento de Sant Cugat ha dado luz verde a una subida del 2,4 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para 2026, igualando el incremento del IPC. Además, la tasa de recogida y transporte de residuos experimentará un aumento del 26% para adaptarse a la normativa europea, que exige cubrir el coste total del servicio.
La decisión, respaldada por Junts y ERC, salió adelante pese al rechazo de toda la oposición. El gobierno local defiende que el ajuste del IBI es técnico y busca mantener el equilibrio con la inflación, mientras que la subida de la tasa de residuos responde a obligaciones legales europeas.
Entre las novedades, se mantiene la bonificación del 40 % en el IBI para viviendas con instalaciones fotovoltaicas, tras aceptar varias alegaciones durante la exposición pública. El recorte inicial de este incentivo fue descartado tras críticas de partidos y entidades inmobiliarias.
La nueva ordenanza de residuos introduce medidas para suavizar el impacto de la subida. La bonificación por uso del punto verde se duplica, pasando del 5% al 10%, y los aparcamientos particulares quedan exentos de la tasa. En edificios plurifamiliares sin división horizontal, las viviendas de protección oficial de alquiler pagarán la cuota mínima.
Durante el proceso, se presentaron 43 alegaciones de grupos municipales, entidades y particulares. El gobierno ha descartado aplicar criterios socioeconómicos directos en el cálculo de la tasa, aunque promete reforzar el apoyo a familias vulnerables.
Carles Brugaroles, teniente de alcaldía de Economía, destacó en el pleno la contradicción política en torno a la tasa de residuos, recordando que la ley estatal fue rechazada por los partidos del gobierno municipal.
La aprobación de las ordenanzas fiscales coincidió con la validación del presupuesto municipal de 2026, que crece un 2,01 % y alcanza los 172.000.000 €. El ejecutivo asegura que estos recursos permitirán mejorar la situación económica y reforzar áreas clave como derechos sociales, limpieza, vivienda y equipamientos públicos.
