La Assemblea per al Decreixement Turístic (ABDT), uno de los colectivos más activos contra el turismo masivo, considera que la propuesta tiene más de gesto político que de cambio real. Desde la entidad creen que el Ayuntamiento busca transmitir sensación de control en un momento de creciente malestar vecinal, pero sin alterar de fondo el volumen de cruceros que llegan al puerto.
El principal punto de fricción está en las terminales. Mientras el consistorio plantea eliminar algunas infraestructuras antiguas y limitar parte de la actividad, las asociaciones recuerdan que el puerto también prevé desarrollar una nueva macroterminal. Para los colectivos críticos, esto contradice cualquier discurso sobre reducción efectiva del impacto turístico.
También existe escepticismo respecto al posible aumento de tasas para los cruceristas de paso. Las entidades dudan de que una subida fiscal vaya a cambiar realmente el modelo actual o reducir la llegada de visitantes durante unas pocas horas, uno de los fenómenos que más presión genera en zonas como Ciutat Vella o la Barceloneta.
El choque de posiciones refleja un debate que lleva años creciendo en Barcelona: cómo equilibrar el peso económico del turismo con la calidad de vida en los barrios. Para muchos vecinos, el problema ya no se limita a la masificación puntual, sino a la sensación de que la ciudad pierde capacidad para decidir su propio ritmo y sus prioridades.
El Puerto de Barcelona se ha consolidado como uno de los grandes hubs de cruceros del Mediterráneo y una pieza clave de la economía local. Al mismo tiempo, su expansión ha intensificado las críticas por el impacto ambiental, la saturación del espacio público y la presión sobre el centro urbano. Cada anuncio relacionado con los cruceros reabre una discusión que Barcelona todavía no ha conseguido cerrar.
