La iniciativa, impulsada por el Departament d’Interior y el de Educació, responde al aumento de incidentes juveniles detectados en los últimos meses. Según ha explicado la consellera Núria Parlon, los agentes no llevarán uniforme ni armas y trabajarán de forma coordinada con las direcciones de los centros para desarrollar tareas de mediación, prevención y acompañamiento.
El Govern defiende que esta presencia estable puede ayudar a detectar conflictos antes de que escalen y aportar una función pedagógica dentro del entorno educativo. La medida supone un paso más respecto a las intervenciones puntuales que los mossos ya realizan en charlas sobre ciberacoso, drogas o seguridad digital.
Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte respuesta política. Desde Esquerra Republicana de Catalunya, el diputado Isaac Albert ha criticado la iniciativa por considerarla innecesaria y potencialmente estigmatizadora para los centros seleccionados. También Comuns y la Candidatura d'Unitat Popular rechazan la medida, apostando por reforzar mediadores y recursos educativos. Por su parte, Junts per Catalunya cuestiona su coherencia con los datos de seguridad actuales.
El debate va más allá de la medida concreta y apunta a una cuestión de fondo: cómo equilibrar seguridad y educación en una ciudad diversa como Barcelona. Mientras el Govern apuesta por la prevención desde la proximidad policial, parte de la comunidad educativa insiste en que la solución pasa por más recursos internos en los centros.
Si tienes hijos en edad escolar o trabajas en educación, este cambio puede afectar directamente al ambiente en los institutos. La presencia de agentes busca prevenir conflictos, pero también puede modificar la percepción de seguridad y convivencia en las aulas.
