El Ayuntamiento de Martorell fija un máximo de 25 litros diarios por persona para recoger agua de fuentes municipales. La medida busca proteger a quienes no tienen acceso a agua corriente. La Síndica de Greuges celebra el cambio. El acceso universal al agua sigue garantizado.
El acceso al agua en Barcelona y su área metropolitana vuelve a estar en el centro del debate ciudadano. El Ayuntamiento de Martorell ha decidido establecer un límite de 25 litros diarios por persona para recoger agua de las fuentes municipales, una medida que afecta directamente a quienes dependen de estos puntos para cubrir sus necesidades básicas.
La decisión llega tras semanas de inquietud entre vecinos y colectivos sociales, preocupados por el impacto de las sanciones previstas en la ordenanza de convivencia. La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, intervino de oficio al detectar que la nueva normativa podía perjudicar especialmente a personas en situación vulnerable, sin acceso a agua corriente en sus hogares.
El consistorio, que inicialmente se mostró reticente a modificar la ordenanza, finalmente ha aceptado la recomendación de la defensora del pueblo catalana: no sancionar a quienes recojan hasta 25 litros diarios por persona. Así, se busca un equilibrio entre la gestión responsable de los recursos y la protección del derecho básico al agua.
La institución de la Síndica subraya que el agua es un bien común y esencial, reconocido como derecho humano. Además, recuerda que los estándares internacionales, como los del Proyecto Esfera, consideran 15 litros diarios por persona como el mínimo vital, aunque en contextos urbanos de renta media la cifra puede llegar a 50 litros.
Este ajuste normativo en Martorell marca un precedente para otros municipios del entorno de Barcelona, donde la gestión del agua y la protección de los colectivos más vulnerables se han convertido en temas prioritarios ante la presión social y las nuevas realidades urbanas.
La figura de la Síndica de Greuges de Catalunya desempeña un papel clave en la defensa de los derechos fundamentales en la comunidad. Esta institución actúa de manera independiente para supervisar la actuación de las administraciones públicas y garantizar que las normativas respeten la dignidad y las necesidades básicas de la ciudadanía. Su intervención en cuestiones como el acceso al agua evidencia la importancia de contar con organismos que velen por la equidad y la justicia social en el día a día de quienes viven en Cataluña.
