Un reciente informe de Caixabank Research revela que la regulación del mercado inmobiliario en Barcelona ha conseguido frenar la subida de precios, mientras Madrid continúa enfrentando incrementos tanto en alquiler como en compra de vivienda.
Según los datos, en septiembre del año pasado, una familia en Barcelona necesitaba de media 13 años para pagar su hipoteca, frente a los 16 años que se requieren en Madrid. En el mercado del alquiler, la diferencia también es notable: en diciembre, el alquiler anual en Barcelona suponía el 35% de los ingresos medios del hogar, mientras que en Madrid superaba el 37%.
El cambio se produce tras la entrada en vigor de los topes al alquiler en 140 municipios catalanes en marzo de 2024. Desde entonces, el precio medio de los nuevos contratos de alquiler en Barcelona cayó casi un 5%, según el Observatorio Metropolitano de la Vivienda.
España lleva más de cinco años lidiando con el encarecimiento de la vivienda, una tendencia que ha dejado fuera del mercado a jóvenes y colectivos vulnerables. El desequilibrio entre oferta y demanda, junto al aumento de residentes extranjeros, ha tensionado aún más el sistema.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, ha criticado la regulación catalana, asegurando que la oferta de pisos en alquiler ha disminuido. Sin embargo, el Observatorio señala que actualmente hay unos 1.500 anuncios más que en marzo del año pasado.
Expertos advierten que el mercado madrileño podría estar transformándose de forma silenciosa, con miles de viviendas pasando de alquiler de larga duración a opciones más rentables como alquileres de temporada o corta estancia. El partido Más Madrid denuncia que solo en un trimestre de 2025 aparecieron más de 2.000 pisos de alquiler temporal, lo que alimenta el temor a que los propietarios prioricen la rentabilidad frente a la estabilidad residencial.
La tensión política crece. Más Madrid exige medidas urgentes para evitar lo que califican como el “vaciamiento” del mercado de alquiler permanente. Cataluña ya ha endurecido la normativa, obligando a que los alquileres de temporada y habitaciones también respeten los límites oficiales de precios, para evitar que los inversores esquiven los controles.
Mientras tanto, Más Madrid reclama una ampliación masiva de la vivienda pública y garantías para que los pisos protegidos no pierdan su condición. A nivel nacional, el gobierno de Pedro Sánchez ha intensificado la respuesta a la crisis de la vivienda combinando regulación y control. El año pasado, las autoridades eliminaron unas 60.000 viviendas turísticas irregulares, señaladas como uno de los principales motores del alza de los alquileres urbanos.
El Ejecutivo defiende que esta ofensiva es clave para aliviar la presión sobre la oferta en ciudades saturadas, donde el auge de los alquileres vacacionales ha desplazado a miles de residentes.
