El organismo prevé cerrar 2026 con hasta 2.400 avisos y trabaja para estrechar la colaboración con los Mossos d’Esquadra
La investigación sobre los fondos de la antigua DGAIA podría estar terminada si la Oficina Antifraude de Cataluña hubiera contado con una relación más cercana con los Mossos d’Esquadra. Así lo ha explicado su director, Tomàs Salàs, que resume el problema con una frase: “Cuando tenemos que pisar terreno, nos cuesta”.
La colaboración policial es una de las vías que la OAC explora para agilizar unas pesquisas que llegan en cifras récord. Entre los expedientes en curso también figura el nombramiento de la hija de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, como policía interina del municipio.
Más de 2.000 denuncias en un año
En 2025, la oficina recibió 2.059 denuncias. La cifra contrasta con las 349 anuales de promedio que registró durante sus primeros 15 años de historia y ha llevado a Salàs a hablar de récord y de consolidación de la institución dependiente del Parlament.
El organismo prevé cerrar 2026 con entre 2.300 y 2.400 denuncias. En lo que va de año ya ha recibido 1.702.
Qué ocurre con los expedientes
La memoria de 2025 indica que el 55 % de los expedientes se archiva sin más trámite. Otro 34 % se remite a las instituciones competentes en la materia investigada. Salàs ha destacado que un 11 % acaba con actuaciones de investigación.
Entre los resultados de ese último grupo constan 26 archivos. La OAC también envió 20 informes razonados con recomendaciones a entidades públicas. Hubo seis comunicaciones a autoridades competentes y otras seis al Ministerio Fiscal.
Las denuncias trasladadas a Fiscalía para que abra diligencias de investigación ya igualan esa cifra en lo que va de 2026. Además, el año pasado comenzó con 232 expedientes pendientes de ejercicios anteriores y se cerraron 207.
Cambios internos y protección de alertadores
Estrenada la nueva dirección en enero, Antifraude prepara un plan de mandato y quiere modificar la instrucción que regula sus investigaciones. Salàs ha descrito el procedimiento actual como “muy riguroso” y “pesado”: la intención es reducir la carga administrativa y dedicar más tiempo a investigar.
La oficina también busca acuerdos con organismos con los que trabaja, como la Autoridad Catalana de Competencia y la Inspección de Trabajo. Con los Mossos d’Esquadra negocia un convenio para agilizar las pesquisas. Salàs lo ha planteado ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament.
La protección de las personas alertadoras también ha centrado las preguntas de los diputados, mientras sigue pendiente una ley catalana sobre la materia. La unidad de protección de la OAC reconoció a 32 personas de un centenar. Este año han solicitado protección 62 y 28 han sido consideradas.
Salàs ha defendido la labor de la unidad con resultados concretos: uno de sus informes evitó un despido y otros dos impidieron que se abriera un expediente disciplinario.
