La decisión llega tras meses de debate y después de varias muertes recientes en prisión, incluyendo tres fallecimientos en pocos meses en el centro de Puig de les Basses. El aumento de suicidios ha acelerado la necesidad de revisar protocolos y condiciones de vida en los centros penitenciarios.
El grupo estudiará cuestiones especialmente sensibles: uso de contenciones mecánicas, aislamiento, acceso a apoyo psicológico y posibilidades reales de reinserción. Uno de los datos que más preocupa es que Cataluña concentra la mayoría de contenciones mecánicas registradas en España en los últimos años.
La discusión también afecta al modelo penitenciario. Distintos partidos y entidades reclaman recuperar el peso del régimen abierto y reforzar los recursos de salud mental dentro de las prisiones, algo que consideran clave para reducir tensión y prevenir situaciones extremas.
Desde el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya aseguran que la prevención del suicidio ya es una prioridad y que se están impulsando medidas junto al sistema sanitario. Al mismo tiempo, sindicatos y algunos partidos piden que el debate no acabe señalando a los funcionarios penitenciarios.
El foco sobre las cárceles refleja un debate más amplio sobre convivencia, derechos y seguridad. Cómo se gestione esta revisión puede marcar el futuro del modelo penitenciario catalán y cambiar la forma en que la sociedad mira la rehabilitación y la salud mental dentro de prisión.
