El gobierno de Jaume Collboni ha sacado adelante la propuesta en comisión con el apoyo de Junts. La idea oficial es ordenar mejor el comercio, frenar actividades que han proliferado en los últimos años y dar más herramientas para controlar negocios repetidos o poco vinculados a la vida vecinal, como tiendas de cannabis, locales de manicura, supermercados turísticos o comercios de accesorios para móviles.
El nuevo texto introduce más criterios que el plan anterior. No solo mira el tipo de actividad, sino también la densidad de negocios en cada zona, el ancho de las calles y la superficie máxima de los locales. También incorpora dos ejes especialmente sensibles: la Rambla y Via Laietana, espacios donde cada apertura comercial tiene impacto inmediato en el paisaje urbano.
El problema es que la lectura política está muy lejos de ser compartida. Comuns y ERC advierten de que la nueva regulación puede abrir la puerta a más presión turística, más ocio nocturno y más negocios orientados al visitante. Temen que, bajo la idea de flexibilizar usos, el distrito acabe perdiendo todavía más comercio cotidiano y expulsando actividad útil para los vecinos.
Desde el gobierno municipal, Albert Batlle defiende justo lo contrario. El teniente de alcalde y concejal de Ciutat Vella sostiene que el plan no liberaliza el comercio, sino que regula con más precisión y permite proteger mejor la diversidad de usos. Según su planteamiento, el distrito necesita evitar tanto la monocultura turística como el bloqueo absoluto de nuevas actividades.
Junts ha justificado su apoyo con un argumento parecido: el plan anterior no consiguió frenar la proliferación de negocios de bajo valor añadido y hacía falta una norma más afinada. Para la oposición de izquierdas, sin embargo, el riesgo está en que esa nueva flexibilidad termine beneficiando a discotecas, alquileres de patinetes, tiendas cannábicas o establecimientos abiertos 24 horas.
El debate no es nuevo. Ciutat Vella ha tenido seis planes de usos en tres décadas, una señal bastante clara de lo difícil que resulta regular el centro histórico de Barcelona. Cada intento llega con la misma promesa —equilibrar actividad económica y vida vecinal— y con el mismo temor de fondo: que el turismo vuelva a imponerse sobre el barrio.
En calles donde conviven vecinos, hoteles, terrazas, pisos turísticos, comercios tradicionales y miles de visitantes diarios, cualquier cambio normativo se nota rápido. No se trata solo de qué negocio abre en un local vacío, sino de qué ciudad se construye a pie de calle: una pensada para vivir todos los días o una diseñada casi por completo para consumirla de paso.
