La prudencia no es casual. El acuerdo llega después de semanas de huelgas, protestas y tensión en las escuelas e institutos, y pocos días después de que una consulta entre docentes rechazara el preacuerdo por amplia mayoría. El malestar de una parte importante del profesorado sigue muy presente.
El pacto amplía el acuerdo firmado en marzo y recoge varias medidas laborales y organizativas. Entre ellas figuran un aumento salarial progresivo de unos 400 euros en cuatro años, la incorporación de 6.400 profesionales al sistema educativo y la convocatoria de 5.000 plazas de catedráticos.
También se incluye la recuperación de la deuda de los sexenios en un plazo de cinco años, una reivindicación histórica de los docentes. Para el Govern, el paquete debe servir para estabilizar el sistema y cerrar un ciclo de conflicto que ha marcado el curso.
El problema es que una parte del profesorado no se siente representada por el acuerdo. En la consulta impulsada por varios sindicatos, más de 39.000 docentes votaron en contra, frente a algo más de 21.000 votos favorables. La participación superó el 60% del censo consultado.
Ese rechazo explica el tono bajo de la firma. El Govern y los sindicatos firmantes han evitado convertir el pacto en una imagen triunfalista, conscientes de que muchas aulas siguen viendo el acuerdo como insuficiente o alejado de sus demandas reales.
La tensión también deja tocado el papel de las organizaciones sindicales. Mientras algunos sindicatos defienden el pacto como una mejora posible después de meses de negociación, otros consideran que no responde al desgaste acumulado por plantillas, ratios, burocracia y pérdida de poder adquisitivo.
La pregunta ahora es si el pacto servirá para cerrar la etapa de huelgas o si el conflicto continuará con nuevas movilizaciones. En Catalunya, la educación vuelve a demostrar que los acuerdos no se miden solo por lo que se firma en una mesa, sino por la confianza que logran generar dentro de las aulas.
