El Govern de Cataluña y varias entidades sociales han conseguido realojar temporalmente a 120 de las 180 personas vulnerables que fueron desalojadas del antiguo instituto B9 en Badalona durante la emergencia climática de Navidad. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha señalado la falta de respuesta del Ayuntamiento de Badalona ante la situación, subrayando que el acuerdo alcanzado permitió ofrecer una alternativa residencial a la mayoría de los afectados.
El pacto, en el que también participó la Síndica de Greuges, incluyó a quienes llevaban días durmiendo bajo un puente de la C-31, a personas que no pudieron acceder a la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat por presión vecinal y a quienes ocupaban el antiguo albergue de Can Bofí Vell hasta el martes.
Martínez Bravo ha explicado que cerca de 60 personas rechazaron el realojo, atribuyendo esta decisión a la falta de trabajo previo de derivación por parte del Ayuntamiento. Según la consellera, el consistorio solo atendió a los casos más extremos, cubriendo apenas el 16 % de los vulnerables identificados en el B9.
Durante una entrevista en La Hora, la consellera volvió a criticar la inacción municipal respecto a Can Bofí Vell, cerrado hace pocos meses. Recordó que pidió al alcalde Xavier Garcia Albiol reabrir la masía para dar una solución inmediata, pero el edil se negó alegando que el espacio no estaba en condiciones.
A pesar de las críticas, Martínez Bravo reconoció que la situación en el asentamiento era compleja y que existían algunos casos relacionados con delitos, aunque insistió en que la mayoría de los residentes simplemente no tenían otra alternativa habitacional.
