La incertidumbre sobre los Presupuestos de la Generalitat afecta a quienes dependen de los servicios públicos en Barcelona y el resto de Cataluña. Mientras las nuevas cuentas siguen sin aprobarse, el Govern asegura que las subidas salariales pactadas con docentes y mossos están garantizadas, aunque no explica cómo se financiarán si el Parlament no aprueba el presupuesto. La prórroga de las cuentas de 2023 permite controlar el gasto, pero limita nuevos programas. El Govern advierte que sin el apoyo de ERC se perderían unos 1.500 millones de euros destinados a sanidad, educación y seguridad.
En paralelo, la Generalitat ha acordado con CC OO y UGT aumentar el salario de los docentes, con un coste de 2.000 millones en cuatro años, y una subida de 4.000 euros brutos anuales para los mossos, la mayor desde 1989. Sin embargo, estas medidas no figuraban en el proyecto presupuestario presentado en febrero, lo que genera dudas sobre su viabilidad. El Govern sostiene que hay margen para asumir estos compromisos, recurriendo a ajustes de partidas, remanentes o mayores ingresos. Aun así, sin nuevos presupuestos será difícil impulsar iniciativas y la tensión política en el Parlament seguirá creciendo.
La figura de Alícia Romero ha cobrado protagonismo en la gestión económica de la Generalitat. Su experiencia y perfil técnico han sido clave para mantener la estabilidad financiera en momentos de incertidumbre política. Romero ha defendido la necesidad de unos Presupuestos sólidos para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y la capacidad de respuesta ante imprevistos económicos. Su papel resulta decisivo en la negociación con los diferentes grupos parlamentarios y en la búsqueda de soluciones para evitar que la falta de acuerdo afecte a la ciudadanía.
