El paquete se divide en tres grandes ejes: 216 millones para el tejido empresarial, 30 millones destinados a apoyo directo a familias y 154 millones orientados a acelerar la transición ecológica. Entre las decisiones más relevantes figura la supresión temporal del impuesto sobre el CO₂, que deberá ser validada por el Parlament de Catalunya.
Los ayuntamientos tendrán un papel clave en la distribución de las ayudas, especialmente en un contexto de subida de precios en energía y productos básicos. El objetivo es llegar de forma rápida a los hogares más afectados.
En paralelo, el Institut Català de Finances activará nuevas líneas de crédito y financiación preferente para empresas y autónomos. También se contempla la exención temporal de ciertas tasas administrativas para облегчать trámites en momentos de dificultad.
El plan incorpora además medidas para impulsar la movilidad eléctrica y ampliar la infraestructura de recarga, reforzando la apuesta por reducir la dependencia de combustibles fósiles.
El Govern plantea este paquete como una respuesta flexible que podrá ampliarse en función de la evolución del conflicto. La prioridad, aseguran, es proteger la economía cotidiana y avanzar al mismo tiempo hacia un modelo más sostenible.
