De los 947 municipios catalanes, 758 deben contar con este instrumento específico de emergencia. Los datos de Protección Civil correspondientes a julio de 2026 indican que 317 planes están pendientes de revisión y otros 122 presentan una situación administrativa sin aclarar.
Solo 97 municipios han conseguido regularizar su documentación durante este año. Aunque muchos ayuntamientos disponen de planes generales para distintos tipos de emergencia, estos no siempre incluyen el nivel de detalle necesario para afrontar un incendio forestal.
Entre los municipios que todavía no han actualizado sus protocolos aparecen Lleida, Mollet del Vallès y más de 160 localidades pequeñas. Otros, como Badalona, Tarragona o Santa Coloma de Gramenet, han iniciado el proceso, pero siguen pendientes de completar la revisión y obtener la homologación definitiva.
La elaboración de estos documentos suele encargarse a empresas especializadas y puede costar entre 3.000 y 15.000 euros. Además, los planes deben renovarse cada cuatro años o cuando se producen cambios relevantes en el territorio, los recursos disponibles o el nivel de riesgo.
La Generalitat ha reservado 20 millones de euros entre 2024 y 2027 para ayudar a los consistorios, especialmente a los de menor tamaño. Pese a esta inversión, la complejidad técnica, los trámites administrativos y la necesidad de aprobación municipal continúan ralentizando el proceso.
La situación preocupa especialmente ante el nuevo episodio de calor. Protección Civil mantiene la alerta por temperaturas superiores a los 40 grados y humedades inferiores al 30%, mientras 43 municipios se encuentran en el nivel máximo de peligro y se han limitado accesos a espacios naturales de Tarragona.
El Prepirineo de Lleida, el interior de las Terres de l’Ebre y la Cataluña Central figuran entre las zonas más expuestas. Tener actualizado el Infocat permite definir evacuaciones, repartir responsabilidades y movilizar recursos con rapidez, una diferencia decisiva cuando las llamas se acercan a viviendas y núcleos urbanos.
