El Govern, junto con ERC, Comuns y la CUP, ha alcanzado un acuerdo histórico para regular este tipo de contratos, cada vez más habituales en ciudades como Barcelona, y que hasta ahora escapaban a cualquier control de precios.
El nuevo decreto de vivienda, que se votará este miércoles en el Parlament, establece que los alquileres de temporada —pensados para estancias cortas o temporales de máximo 11 meses— también deberán respetar los topes de precios fijados por ley en las zonas de mercado tensionado.
La medida no elimina este tipo de alquileres, pero sí impone límites que buscan frenar los abusos y combatir la especulación. Los contratos deberán indicar claramente que se trata de un alquiler de temporada y el inquilino tendrá que acreditar que su residencia habitual está en otro lugar.
Además, se establece que el precio total de las habitaciones en un piso compartido no podrá superar el precio máximo que tendría el alquiler del piso completo.
Otra gran novedad será la creación de un cuerpo de inspectores de vivienda, que podrán revisar contratos, detectar irregularidades y sancionar a propietarios que incumplan la normativa.
Por último, se refuerza la protección de los pisos de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en zonas tensionadas, ampliando los años en los que estas viviendas no podrán pasar al mercado libre y limitando su compra a personas inscritas en el registro oficial.
Cataluña da así un paso más para proteger a los inquilinos y frenar la burbuja del alquiler de temporada, que había convertido muchas viviendas en un negocio de lujo solo apto para unos pocos.
