El Govern estudia nuevas medidas fiscales para limitar la especulación. Se plantea condicionar la compra de vivienda al uso residencial. El debate político y técnico está abierto. ¿Podrán cambiar el mercado inmobiliario catalán? Descubre los detalles y próximos pasos.
El Govern de Cataluña prepara un paquete de medidas para combatir la especulación en el mercado de la vivienda. La estrategia se centra en dos frentes: la fiscalidad y la regulación urbanística, con el objetivo de limitar la compra de inmuebles con fines especulativos y priorizar el uso residencial.
El president Salvador Illa ha anunciado en el Parlament que el ejecutivo estudiará cómo frenar el impacto de inversores y fondos en el acceso a la vivienda. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha detallado que las acciones incluirán nuevos impuestos y la obligación de destinar los pisos a residencia habitual, especialmente en zonas de mercado tenso.
Estas medidas, según Paneque, serán temporales y se aplicarán donde la presión inmobiliaria es mayor. Algunas propuestas pueden implementarse desde la Generalitat, pero otras requerirán acuerdos con el Gobierno central, donde no existe consenso total sobre la viabilidad de los cambios.
La consellera reconoce que no se puede prohibir la compra de vivienda, pero sí limitar su uso mediante condiciones y fiscalidad, siempre priorizando el destino residencial. El Govern prevé tener las propuestas listas entre enero y marzo.
El informe del jurista Pablo Feu, que asesora al Govern, sugiere que el veto a la especulación podría aplicarse en distintos niveles administrativos, aunque no entra en detalles fiscales. Ya en verano, la Generalitat modificó el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), haciéndolo más progresivo y elevando el tipo hasta el 20 % para grandes tenedores o compras de edificios completos, además de eliminar bonificaciones a empresas inmobiliarias.
Expertos advierten que el margen autonómico es limitado más allá del ITP. Se baraja extender impuestos a otros compradores o subirlos si la vivienda no se destina a residencia. Otra propuesta es aumentar el IBI a propietarios con más de una vivienda, una idea que Barcelona en Comú estudia para trasladar al Ministerio de Hacienda, aunque la reforma legal en el Congreso se presenta compleja en el contexto actual.
