La modificación triplica el régimen sancionador vigente y establece tres niveles de infracción. Las leves podrán acabar en una advertencia o en multas de hasta 18.000 euros; las graves irán de 18.001 a 90.000 euros; y las muy graves se moverán entre 90.001 y 900.000 euros.
La reforma ha salido adelante con un apoyo amplio en el Parlament. La impulsó el PSC y contó con el respaldo de casi todos los grupos, salvo Comuns y la CUP, que se quedaron solos en su intento de rebajar el alcance de las sanciones.
El objetivo declarado es frenar un problema que afecta directamente al funcionamiento diario de la red. Los grafitis no solo ensucian los convoyes: también pueden dejar trenes fuera de servicio, reducir visibilidad, obligar a retirar unidades y generar retrasos o menos capacidad en momentos de alta demanda.
El coste económico tampoco es menor. Renfe ha cifrado en más de 11 millones de euros anuales el gasto en limpieza de grafitis en Cataluña, una parte muy elevada del total estatal. Además, en 2024 alrededor del 3% de los trenes quedaron inoperativos en algún momento por pintadas que afectaban a su uso o seguridad.
La Generalitat y los operadores ferroviarios llevan tiempo reforzando la vigilancia en talleres, cocheras y puntos sensibles de la red. En los últimos años se han usado vigilantes, unidades caninas y drones para intentar reducir intrusiones, aunque las empresas del sector insisten en que la sanción económica era una pieza pendiente para disuadir a los grupos organizados.
Para los usuarios, el debate no va solo de pintadas. En una red como Rodalies, donde cualquier incidencia puede provocar esperas, trenes suprimidos y andenes llenos, cada convoy retirado por vandalismo acaba teniendo impacto en la movilidad diaria. La nueva ley intenta trasladar esa idea: dañar un tren no es solo atacar un bien público, también puede alterar la rutina de miles de personas que dependen de él para trabajar, estudiar o moverse por el área metropolitana.
