El alcalde Jaume Collboni explicó que la medida busca prevenir delitos y disuadir a los delincuentes, con la mirada puesta en llegar a instalar un millar de dispositivos en los próximos años.
Actualmente, Barcelona cuenta con unas 300 cámaras, cifra que el consistorio considera «insuficiente» en comparación con otras grandes urbes europeas. Collboni defendió el plan asegurando que se trata de un método «absolutamente garantista» con la privacidad de los ciudadanos.
El proyecto cuenta con la supervisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que validará individualmente cada cámara, su ubicación exacta y el ángulo de enfoque. La intención, según el alcalde, no es solo facilitar detenciones, sino actuar como herramienta preventiva frente a posibles delitos.
Con esta ampliación, el consistorio pretende equilibrar la sensación de seguridad en el espacio público y responder a la creciente demanda vecinal de más control en puntos donde la delincuencia ha generado mayor preocupación.