El acuerdo obligaría a la plataforma a verificar de forma rigurosa la legalidad de los anuncios publicados y a compartir mensualmente datos clave con el consistorio.
Entre las principales medidas, destaca la exigencia de comprobar la identidad de los anunciantes, la titularidad del inmueble y la autenticidad de la información. Además, será obligatorio incluir el número de registro único de arrendamientos —que desde julio sustituye a la licencia HUT— para alquileres inferiores a 32 días. Se impedirá el uso de códigos falsos o compartidos.
Airbnb estaría obligada a desactivar los anuncios ilegales en un plazo máximo de 48 horas y a eliminar de forma inmediata a reincidentes o presuntos estafadores. También deberá facilitar los datos bancarios de los titulares que reciben pagos, lo que reforzará la trazabilidad económica y la lucha contra el fraude.
El Ayuntamiento, por su parte, solo utilizará los datos para fines de control y facilitará un canal directo y seguro de comunicación con la plataforma. La propuesta marca un paso firme hacia una mayor transparencia y control del mercado turístico en la capital catalana.
