La convocatoria comenzó en febrero y ha superado en torno a un 30 % las previsiones municipales. Su objetivo es ayudar a pagar el proceso necesario para incorporar a los estatutos de una finca una prohibición expresa de destinar las viviendas a uso turístico.
Las comunidades pueden recuperar hasta el 50 % de los gastos de notaría, registro y honorarios profesionales. Si se modifican unos estatutos ya existentes, la subvención alcanza un máximo de 1.500 euros; si es necesario redactar unos nuevos, el límite aumenta hasta los 2.500 euros.
El acuerdo debe formalizarse correctamente e inscribirse en el Registro de la Propiedad para que la limitación quede vinculada a la finca. La iniciativa se desarrolla con la colaboración del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida y la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
Hay, sin embargo, una diferencia importante para los vecinos: modificar los estatutos permite impedir que en el futuro aparezcan nuevas viviendas turísticas en el edificio, pero no sirve para expulsar automáticamente a aquellas que ya cuentan con autorización y funcionan legalmente.
La ampliación llega mientras Barcelona mantiene su intención de que las actuales licencias de viviendas de uso turístico no tengan continuidad a partir de noviembre de 2028. La medida afectaría a alrededor de 10.000 alojamientos y forma parte de la estrategia municipal para recuperar viviendas para uso residencial, aunque el sector turístico ha llevado el plan a los tribunales.
La política cuenta además con un respaldo considerable entre los residentes. El Barómetro Municipal publicado este verano señala que el 75 % de los barceloneses está muy o bastante de acuerdo con retirar las licencias de los pisos turísticos.
El cambio se juega ahora edificio a edificio. Una junta de propietarios puede cerrar la puerta a futuros alojamientos turísticos antes de que aparezcan y recuperar parte del coste administrativo de hacerlo. Con la partida ampliada y cinco meses todavía por delante para presentar solicitudes, el Ayuntamiento espera que muchas más comunidades incorporen esa prohibición a sus reglas de convivencia.
