El Ayuntamiento de Barcelona reclama a la Generalitat cambios urgentes en la educación. El pleno municipal respalda las demandas de los docentes tras semanas de protestas. Se pide aumentar la inversión educativa y reducir la burocracia en los centros.
Las recientes protestas de profesores han sacudido la agenda política en Barcelona, donde el Ayuntamiento ha decidido tomar partido. Este viernes, el pleno municipal aprobó una declaración institucional que respalda las principales reivindicaciones del profesorado y exige a la Generalitat medidas concretas para mejorar tanto sus condiciones laborales como la calidad de la educación pública.
La iniciativa, impulsada por ERC, llega tras varias jornadas de huelga y concentraciones en los centros educativos de la ciudad. El texto aprobado reclama al Govern que eleve la inversión en enseñanza hasta alcanzar el 6% del Producto Interior Bruto de Catalunya, una cifra que los sindicatos consideran clave para garantizar recursos suficientes en las aulas.
El apoyo a la declaración ha sido amplio: Junts, Barcelona en Comú y el PSC se han sumado, aunque los socialistas han querido dejar claro que no respaldan las demandas específicas del sindicato Ustec, protagonista de las últimas movilizaciones y que no firmó el reciente acuerdo entre CCOO, UGT y el ejecutivo de Salvador Illa. Para evitar polémicas, el texto final no menciona a Ustec ni limita sus peticiones solo a la educación pública.
Entre las medidas reclamadas, el Ayuntamiento insiste en la necesidad de reducir las ratios de alumnos por aula, avanzar hacia la gratuidad en la etapa 0-3 años y simplificar la burocracia que enfrentan los equipos directivos. Además, la declaración subraya la importancia del catalán como lengua vehicular y de acogida en el sistema educativo, instando a la Generalitat a garantizar los recursos necesarios para cumplir estos objetivos.
La educación pública en Barcelona ha sido históricamente un reflejo de los retos sociales y económicos de la ciudad. Las demandas actuales del profesorado se suman a una larga tradición de movilización en defensa de la escuela catalana, marcada por la búsqueda de equidad, innovación y cohesión social. El debate sobre la financiación y la gestión de los recursos educativos sigue siendo uno de los temas más sensibles para las familias y los profesionales del sector.