Badalona atraviesa una profunda crisis social tras el desalojo de migrantes del antiguo instituto B9. Más de 500 personas se manifestaron este lunes frente a Can Bofí Vell, el antiguo albergue municipal, para exigir soluciones y apoyo a los afectados. La protesta, impulsada por entidades vecinales y sociales, se vio marcada por la presencia de decenas de vecinos contrarios, lo que generó momentos de gran tensión y enfrentamientos verbales entre ambos grupos.
Mientras los manifestantes reclamaban responsabilidades al alcalde Xavier Garcia Albiol, los opositores respondían con gritos y consignas en contra de la acogida de migrantes. La situación se complicó cuando un segundo grupo de vecinos se sumó a la protesta, encapsulando a los manifestantes junto a un fuerte dispositivo policial. Entre los contrarios a la manifestación se encontraban numerosos adolescentes, lo que evidenció la polarización social en la ciudad.
El conflicto se agravó tras conocerse que un grupo de desalojados ocupó Can Bofí Vell, la antigua masía que hasta mayo de 2024 funcionaba como único albergue municipal para personas sin hogar. La Guardia Urbana intentó desalojar el edificio, pero la ocupación ya estaba consolidada, por lo que será necesario iniciar un proceso judicial. El cierre del albergue se debió a una deuda municipal de 1,7 millones de euros con la cooperativa Suara, gestora del centro desde 2020. La Síndica de Greuges abrió una investigación y exigió al gobierno local una respuesta para los afectados, pero hasta ahora no se ha habilitado ningún servicio alternativo.
La tensión se trasladó también al barrio de Sant Crist, donde decenas de vecinos impidieron la llegada de material para acoger a los migrantes en la parroquia Mare de Déu de Montserrat. El dispositivo de emergencia, coordinado por Cáritas, Cruz Roja y otras entidades, tuvo que ser desviado a otros centros ante la presión vecinal. El alcalde Albiol acudió al lugar para pedir calma y buscar una solución temporal, pero no logró convencer a los vecinos, que bloquearon la entrada de los migrantes.
Las federaciones vecinales de Barcelona, Badalona y Catalunya criticaron la gestión municipal del desalojo y lamentaron los incidentes frente a la parroquia. Denunciaron la actitud agresiva de un pequeño grupo de vecinos, que impidió la asistencia a los desalojados y profirió insultos y amenazas tanto a los migrantes como a los voluntarios de las ONG. La ciudad sigue sin comedor social municipal y la atención a las personas sin hogar depende de entidades sociales.
