La crisis humanitaria en Badalona se intensifica tras el desalojo del antiguo instituto B9, donde vivían cerca de 400 migrantes. El Govern catalán ha ofrecido ayuda al Ayuntamiento para habilitar un albergue municipal, pero la falta de acuerdo mantiene a decenas de personas sin techo, expuestas a la intemperie y al frío.
Este fin de semana, la organización Cuineres per la Pau, conocida por su labor en apoyo a Gaza, ha cambiado de foco y se ha volcado en los desalojados del B9. Han comenzado a repartir comidas calientes y nutritivas bajo el puente de la C-31, donde muchos afectados han improvisado un campamento tras ser expulsados del edificio.
Varias entidades sociales, entre ellas Creu Roja, Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundació Llegat Roca i Pi, han acordado acoger durante un mes a 15 personas especialmente vulnerables. El dispositivo de emergencia se ubica en la parroquia Mare de Déu de Montserrat y cuenta con el respaldo económico de la Conselleria de Derechos Sociales.
Algunos de los desalojados han logrado dormir bajo techo tras varias noches a la intemperie, gracias a la cesión de espacios por parte de organizaciones locales. Sin embargo, la mayoría sigue durmiendo en la calle, mientras las entidades sociales insisten en que esta solución temporal debe ser solo el primer paso hacia una respuesta más estructural.
La Generalitat y las entidades sociales han puesto en marcha un servicio nocturno de cobijo en un local cedido por la Iglesia, operativo de 20:00 a 08:00 horas, con el apoyo del centro diurno Flore. Cáritas, Cruz Roja y otras organizaciones participan en la gestión de este recurso.
La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha instado al alcalde Xavier García Albiol a reabrir el albergue de Can Bofí Vell, cerrado por problemas estructurales según el Ayuntamiento. Paneque recuerda que la Generalitat necesita la colaboración municipal para actuar sobre esta infraestructura.
Mientras tanto, los desalojados han acampado bajo la salida 210 de la C-31, tras ser impedidos por la Guàrdia Urbana de instalarse frente al antiguo instituto. El alcalde Albiol defiende el desalojo como un paso necesario para recuperar el inmueble y rechaza las acusaciones de racismo institucional.
La lluvia y la presencia policial han dispersado a los migrantes, que buscan refugio en portales, plazas y descampados. El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya denuncia acoso policial y exige soluciones reales.
Las entidades sociales continúan buscando alternativas y subrayan que el sinhogarismo requiere respuestas coordinadas y estructurales. Desde septiembre, la Generalitat y los servicios sociales municipales mantienen reuniones semanales para abordar la situación de las personas más vulnerables en Badalona.
